Abogados ante la Audiencia Nacional: terrorismo, corrupción y narcotráfico

La instrucción y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo corresponde de forma exclusiva a la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia y a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Son causas marcadas por la urgencia probatoria, la intervención de cuerpos policiales especializados, el uso de prueba tecnológica masiva y la aplicación de medidas cautelares severas desde el primer día. La calidad de la defensa se decide en las setenta y dos horas siguientes a la detención.

Le proporcionamos asistencia técnica integral en cada fase de la causa:

• Asistencia letrada inmediata en detención incomunicada: control del régimen de incomunicación, salvaguarda del derecho de defensa y del secreto profesional, examen del atestado y de las diligencias practicadas.
• Defensa frente a la prisión provisional: articulación del recurso de reforma y apelación ante la Sala de lo Penal, impugnación del juicio de proporcionalidad y de los fines constitucionales que justifican la medida.
• Estrategia probatoria en juicio oral: control de la prueba tecnológica, impugnación de intervenciones de comunicaciones, contradicción pericial sobre dispositivos electrónicos y análisis forense digital.

El art. 65 LOPJ atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento del tráfico de drogas cometido por bandas o grupos organizados cuando los hechos produzcan efecto en más de una Audiencia Provincial. Son causas con instrucción prolongada, intervenciones telefónicas masivas, operativos policiales internacionales, comisos cuantiosos y, con frecuencia, derivadas hacia el blanqueo de capitales y los delitos contra la salud pública en su modalidad agravada.

Trabajamos cada defensa desde la fase de instrucción del Tribunal Central de Instancia:

• Impugnación de la cadena de custodia y de las intervenciones telefónicas: análisis de los autos habilitantes, control del estándar constitucional de motivación y de la doctrina del árbol envenenado.
• Defensa frente a la organización criminal y a la agravación por jefatura: contradicción del juicio de pertenencia, delimitación del rol concreto del defendido y articulación de la cooperación atenuada.
• Estrategia patrimonial frente al comiso ampliado: impugnación del decomiso de bienes, defensa de terceros afectados y articulación del régimen de pieza separada.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional asume las defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas. Son causas penales económicas de gran volumen documental, con cooperación de cuerpos especializados como la Unidad Central Operativa o la ONIF, peritaje contable extenso y conexión frecuente con el blanqueo de capitales y el alzamiento de bienes.

Le ofrecemos defensa técnica especializada en cada vertiente:

• Estrategia pericial contable y forense: coordinación con peritos auditores propios para refutar el informe oficial y construir un relato alternativo sobre el flujo económico controvertido.
• Defensa frente a medidas cautelares reales: impugnación del embargo preventivo, de la prohibición de disponer y de las fianzas exorbitantes que comprometen la continuidad empresarial.
• Negociación de conformidades y acuerdos de reparación: articulación de la atenuante de reparación del daño y, cuando procede, de la conformidad estratégica al inicio del juicio oral.

La Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia tramita los procedimientos de extradición pasiva y las Órdenes Europeas de Detención y Entrega que afectan a personas detenidas o residentes en España. La decisión final sobre la entrega corresponde, según el régimen, a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o al propio Juzgado Central. Son procedimientos de plazos cortos, garantías reforzadas y consecuencias inmediatas sobre la libertad.

Articulamos la defensa con perspectiva nacional e internacional:

• Oposición a la entrega por causas de denegación obligatoria y facultativa: impugnación basada en doble incriminación, garantías procesales del Estado requirente, prescripción y riesgo de tratos contrarios al art. 3 CEDH.
• Coordinación con la defensa en el país requirente: intercambio probatorio con letrados locales para construir el expediente de oposición con material verificable.
• Garantías de no entrega y condiciones: negociación de garantías sobre régimen penitenciario, salud y reagrupación familiar, fundamentales en OEDE intra-UE.

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por la Sala de lo Penal. Es la segunda instancia obligatoria garantizada por los arts. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 2 del Protocolo n.º 7 al Convenio Europeo de Derechos Humanos. La apelación abre una revisión más amplia que la posterior casación, y la calidad técnica del recurso determina las opciones reales del recorrido casacional ulterior.

Asumimos el recurso con plena coherencia estratégica:

• Construcción del recurso de apelación: identificación de motivos por infracción procesal, vulneración de derechos fundamentales y error en la apreciación de la prueba conforme a la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
• Preparación anticipada de la casación: redacción del recurso de apelación dejando articuladas las protestas y los motivos que abrirán la vía casacional ante el Tribunal Supremo.
• Acusación particular en sede de apelación: impugnación de absoluciones, agravación de la pena y revisión de la responsabilidad civil derivada del delito.