Abogados especialistas en Derecho Penal Militar: defensa ante la jurisdicción militar

El acoso sexual, el acoso por razón de sexo y el acoso profesional son delitos militares cuando se cometen dentro de la estructura castrense. Si el autor es un superior, el art. 48 del Código Penal Militar los castiga con prisión de seis meses a cuatro años y posible pérdida de empleo. Entre militares sin relación jerárquica, el art. 50 los castiga con seis meses a dos años cuando ocurren públicamente, en lugares afectos a las Fuerzas Armadas o en acto de servicio.

Intervenimos en los dos lados del procedimiento:

• Acusación particular de la víctima: la víctima puede personarse en la causa aunque el denunciado sea su superior; la exclusión que existía por la relación jerárquica la anuló el Tribunal Constitucional (STC 179/2004). Preparamos la denuncia, la prueba y la personación.
• Defensa del militar investigado: análisis del encaje de los hechos en el tipo penal, de la competencia de la jurisdicción militar frente a la ordinaria y de la prueba testifical, que en estos casos suele proceder de compañeros de la misma unidad.
• Agresión sexual: cuando hay agresión sexual a un subordinado (art. 47) o entre militares del mismo nivel (art. 49), la pena militar se suma a la que fija el Código Penal por la agresión.

El abuso de autoridad es uno de los delitos militares que más llegan a los tribunales. Lo comete el superior que, abusando de su mando, causa un perjuicio grave a un subordinado, le obliga a prestaciones ajenas al servicio o le impide arbitrariamente ejercer un derecho (art. 45 CPM: de tres meses y un día a tres años de prisión).

Las conductas más graves tienen tipo propio: el maltrato de obra a un subordinado (art. 46: de seis meses a cinco años, además de la pena por las lesiones) y el trato degradante, inhumano o humillante (art. 47: de seis meses a cinco años y posible pérdida de empleo). También responde penalmente el mando que no mantiene la disciplina o tolera los abusos de autoridad de sus subordinados (art. 64).

Defendemos a mandos investigados por estos hechos y representamos a los subordinados que los han sufrido, desde la denuncia hasta el juicio oral.

Los delitos contra la disciplina son el núcleo del Código Penal Militar. El insulto a superior castiga el maltrato de obra a un superior o el atentado contra su libertad sexual (art. 42: de seis meses a cinco años) y las coacciones, amenazas, calumnias o injurias graves a un superior (art. 43: de seis meses a tres años).

La desobediencia de órdenes legítimas relativas al servicio se castiga con prisión de tres meses y un día a dos años, y de seis meses a seis años si la orden se refiere al servicio de armas (art. 44). No hay responsabilidad cuando la orden desobedecida era manifiestamente constitutiva de delito o claramente contraria a la ley: es una de las líneas de defensa que estudiamos en cada caso.

La sedición militar (arts. 38 a 41) castiga la desobediencia o las amenazas a un superior concertadas entre cuatro o más militares y las reclamaciones colectivas en tumulto o con armas. Son causas con varios investigados, en las que la defensa individual de cada uno exige separar bien los hechos.

En tiempo de paz, ausentarse del destino o de la residencia durante más de tres días, o no presentarse cuando corresponde, es abandono de destino o residencia (art. 56 CPM): de tres meses y un día a dos años de prisión. Si la ausencia busca sustraerse de forma permanente a las obligaciones militares, el delito es de deserción (art. 57): de uno a cuatro años.

La diferencia entre ambos está en la intención, y ahí se juega buena parte de la defensa: las circunstancias personales, médicas o familiares que explican la ausencia, el momento y la forma de la reincorporación y la documentación que la acredita.

También defendemos a militares investigados por inutilizarse o simular una enfermedad para eximirse del servicio (art. 59).

El tribunal que juzga a un militar depende de su empleo. Los Tribunales Militares Territoriales juzgan a los militares desde soldado o marinero hasta capitán o teniente de navío. El Tribunal Militar Central, con sede en Madrid, juzga a los empleos comprendidos entre comandante o capitán de corbeta y general de división o vicealmirante (art. 34 de la Ley Orgánica 4/1987), con instrucción de los Juzgados Togados Militares Centrales.

A los tenientes generales, almirantes y empleos superiores los instruye y juzga en única instancia la Sala Quinta del Tribunal Supremo (art. 23 LO 4/1987). La misma Sala resuelve el recurso de casación contra las sentencias de los tribunales militares (art. 324 de la Ley Orgánica 2/1989) y el recurso de revisión contra sentencias firmes.

Llevamos la causa desde la primera declaración ante el Juez Togado hasta la casación, trabajando desde la misma ciudad en la que se deciden los asuntos de mayor nivel.